México: El derecho a la interlocución política de los pueblos indígenas

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30 de julio, 2013 (SERVINDI/Marcos Matías Alonso*).- En los últimos 20 años, el Estado mexicano ha impulsado diversas estrategias para propiciar el diálogo y la interlocución política con los pueblos indígenas. Reseño las experiencias emblemáticas y finalizo con el Decreto que en fecha próxima lanzará el gobierno de Guerrero.

En enero de 1994, y a 20 días de estallar el conflicto armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, el Estado mexicano creó la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas (CNJPI), con el objetivo de promover el diálogo, la consulta, la participación y definir las políticas públicas para apoyar el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Dicha Comisión aspiró fungir como interlocutor de los pueblos indígenas y su relación con el Estado.

20 años después, la CNJPI que en su momento fue presidido por Heladio Ramírez y Beatriz Paredes, no dejó huella en su capacidad de diálogo político ni en su función de interlocución; simplemente se convirtió en burocracia indigenista del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Posterior a la iniciativa de creación de la CNJPI, el 4 de marzo de 1995, el gobierno chiapaneco lanzó La Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, que tuvo como propósito establecer las bases jurídicas del diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera del conflicto armado que inició el 1° de enero de 1994 en la selva lacandona del estado de Chiapas.

Como fue declarado por los propios zapatistas, la ley para el diálogo y la conciliación en Chiapas no logró los objetivos enunciados. La concordia fue una aspiración inconclusa; y lejos de alcanzar la pacificación, el Estado y el gobierno chiapaneco implementaron una guerra no convencional contra el EZLN que a la fecha prevalece. Surgieron nuevos y más conflictos sociales y la conciliación está ausente en territorio chiapaneco. En tiempos del gobierno panista no hubo concordia, pacificación, conciliación y tampoco una solución justa, digna y duradera al conflicto político del EZLN y los pueblos indígenas de Chiapas y de México.

Por “Acuerdo Presidencial”, en marzo de 2001, se creó el Consejo Asesor Indígena de la Presidencia de la República (CAIPR). Vicente Fox elevó esta instancia como órgano asesor del Presidente de la República en temas de desarrollo indígena. El “Acuerdo Presidencial” definió al Consejo como órgano asesor integrado por 20 consejeros indígenas y no indígenas. Su objetivo fue impulsar la participación en la toma decisiones de alto nivel, evaluar la política pública orientada para los pueblos indígenas y hacer propuestas para detonar su desarrollo.

En marzo del 2001, el Presidente de la República (Vicente Fox) y el Gobernador del estado de Guerrero (René Juárez Cisneros), tomaron protesta simultáneamente, tanto al CAIPR como alConsejo Estatal Indígena de Guerrero (CEIG). En su mensaje Vicente Fox reiteró:

“El Consejo forma parte de un programa integral para combatir la marginación y la discriminación de la que son objeto los pueblos indígenas. El Consejo ofrece un canal de interlocución, de diálogo, de toma de decisiones y consulta. Es una invitación al diálogo y una muestra de respeto a la diversidad. Queremos un México donde nunca más los pueblos indígenas tengan que levantarse en armas para ser escuchados. El Consejo es una defensa a la pluralidad”.

En el contexto de la efervescencia del panismo en la presidencia de la República, su CAIPRcontó con la destacada participación de intelectuales de la talla del Dr. Luis Villoro y diversos dirigentes del Congreso Nacional Indígena (CNI). El CAIPR tuvo una vida efímera. Surgió en el contexto de la coyuntura zapatista y murió antes de fenecer el sexenio de Vicente Fox.

El CEIG fue “colgado” de la agenda del CAIPR y no tuvo impacto hacia el gobierno del estado, en aquel tiempo bajo el mando de René Juárez Cisneros. Tampoco tuvo incidencia en la agenda de prioridades de los pueblos indígenas. El CEIG nació y murió sin pena ni gloria. Lo más sobresaliente del CAIPR es haber tenido un canal de interlocución a nivel presidencial. El diálogo y la consulta indígena tuvieron limitaciones y nulo avance para detonar el desarrollo indígena.

Más recientemente, en febrero del 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto creó la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM). En el “Acuerdo” que crea la Comisión, precisa que

“la Secretaría de Gobernación requiere contar con un órgano de acercamiento con las comunidades indígenas. Se crea la Comisión…, como una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación. Tendrá como objetivo lograr los acercamientos necesarios con los  pueblos indígenas de México”.

Más allá del mandato jurídico que creó la CDPIM, su titular ha mediado diversos conflictos políticos en el país. Cada día se convierte en una instancia de confianza y credibilidad para los pueblos. Lamentablemente su interlocución política es de nivel intermedio. Ha despertado expectativas pero su impacto es limitado. Una de sus principales debilidades es la ausencia de representantes indígenas en su órgano de gobierno. La paridad (indígena y no indígena) en su estructura de mando le daría legitimidad de lo que hoy es su principal talón de Aquiles.

A la luz de las anteriores experiencias relatadas a grosso modo, enfatizo que para garantizar la interlocución política con los pueblos indígenas, se requiere de lo siguiente:

a) Marco jurídico. El fundamento jurídico permite garantizar que una iniciativa de interlocución tenga vida política a mediano plazo y no sólo responda a coyunturas transitorias con duración efímera. La figura legal puede ser un Decreto, un Acuerdo o una Ley en donde se defina su mandato,  composición, estructura, duración, etcétera.

b) Mando político. La interlocución debe precisar a qué nivel quedará vinculada la iniciativa. Sin duda, debe ser con alto nivel de las decisiones políticas. En la esfera nacional, es recomendable mantener un canal directo con la Presidencia de la República. En el ámbito estatal, debe tener vínculo directo con los titulares del poder local.

c) Recursos financieros. Ninguna iniciativa puede subsistir sin recursos financieros. Sin perder la autonomía indígena y sin renunciar a las obligaciones del Gobierno, deben brindarse las facilidades necesarias para hacer un trabajo digno y decoroso.

d) Infraestructura básica. Las estrategias revisadas fueron dotadas de una infraestructura mínima para el desempeño de sus actividades. Toda iniciativa debe considerar este componente.

La propuesta de crear la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero (CADPIG) debe tomar en cuenta las anteriores consideraciones. Sabemos que se ha avanzado en un bosquejo de Decreto con siete artículos y dos transitorios. En los dos primeros artículos hay una idea preliminar del mandato de la CADPIG. Lamentablemente la conciben como una instancia para la “recepción de las demandas de los pueblos indígenas”. Es una propuesta de bajo perfil con una función doméstica y administrativa.

El proyecto Decreto no define el canal de interlocución ni hacia el titular del ejecutivo ni hacia la Secretaria General de Gobierno. Contiene ambigüedad e indefinición del canal de interlocución. Los pueblos indígenas de Guerrero tienen derecho a tener una interlocución al más alto nivel político.

El artículo quinto menciona el sostenimiento financiero de la CADPIG: “…para el despacho de los asuntos, contará con la estructura orgánica qué de acuerdo al presupuesto de egresos le sea autorizado”. El texto es un compromiso marginal del componente financiero.

En el artículo 3° precisa que el puesto del Presidente y Secretario de la CAPDIG, será“honorífico, por lo que no recibirán remuneración…” De las experiencias revisadas en los últimos 20 años, ninguna Comisión ha carecido de recursos suficientes para el pago de su estructura operativa. La iniciativa de Decreto de la CAPDIG no señala cuál será su domicilio social y, por lo tanto, es difícil imaginar su infraestructura básica. Afortunadamente, la propuesta de Decreto está en fase de borrador y posiblemente en próxima versión precisará y elevará su nivel político.

Tengo confianza que la CADPIG será una instancia plural no partidista que reflejará la diversidad de corrientes del movimiento indígena con capacidad de convertirse en una instancia de interlocución con los titulares del poder ejecutivo, legislativo y judicial. También supongo que los dirigentes indígenas no serán excluidos de su estructura de mando.

Su dirección no debe estar alejada de quienes toman las principales decisiones políticas que afectan el interés de los pueblos indígenas; pero es recomendable guardar distancia prudente de quien hoy detenta el poder gubernamental. En caso de no hacerlo, cuándo fenezca la actual administración, también vendrá la defunción política de quienes hoy se identifican como los hijos predilectos del régimen.


Marco Matías Alonso es investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
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Fuente: Artículo recibido del mismo autor. Publicado en El Sur, Acapulco, Guerrero a 29 de julio de 2013

 

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