La autoridad ambiental indígena en Monte Verde

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Alain Muñoz/CEJIS, 12 de junio 2015.- La Asamblea General, el Directorio, el Consejo de Fiscalización y el Consejo de Justicia son la “autoridad ambiental competente” en el Territorio Indígena de Monte Verde. Es un sistema colectivo de gestión y control, que reproducción de la autonomía y democracia comunitaria  del pueblo chiquitano.

En un artículo anterior vimos que el manejo indígena de bosque disminuye drásticamente los gases por deforestación causantes del cambio climático. En Monte Verde, un territorio indígena de la chiquitanía, en la sub-amazonía boliviana, ese manejo se extendió desde el ámbito comunal a todo un territorio, reproduciendo su democracia y autonomía.

El Territorio Indígena de Monte Verde tiene un sistema colectivo de gestión y control, conformado por la Asamblea General, el Directorio, el Consejo de Fiscalización y el Consejo de Justicia.  Estas instancias, son la “autoridad ambiental competente”, como se llamaría en derecho convencional.

LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es la máxima instancia de poder y toma de decisiones del Territorio Indígena de Monte Verde. Está compuesta por representantes de cada una de las más de cien comunidades del Territorio.

Sesiona con la presencia de más de la mitad de las comunidades, cada una representada por máximo 6 personas y mínimo 3, elegidas mediante normas y procedimientos propios de cada comunidad.

Normalmente, la Asamblea se reúne una vez al año, pero puede hacerlo extraordinariamente, cuando sea necesario. Entre otras funciones, aprueba las políticas para los bienes naturales comunes o recursos naturales.

Igualmente, aprueba las normas y reglamentos derivadas de las políticas. Pero también revisa las políticas de las tres centrales indígenas, que conforman el Territorio, además de las de todas las  comunidades, que son 129.

Parte importante de las funciones de la Asamblea General son aprobar los planes, proyectos, programas, contratos, y convenios relacionados con los bienes naturales comunes, sean de aprovechamiento o proyectos productivos.

Sus facultades incluyen velar por la distribución equitativa de bienes naturales comunes entre las comunidades, y definir nuevos asentamientos humanos. Asimismo, aprobar o rechazar el informe de gestión del Consejo de Fiscalización, y resolver conflictos como última instancia inapelable.

EL DIRECTORIO

El Directorio, que tiene funciones ejecutivas y administrativas, está integrado por los dirigentes de las tres Centrales Indígenas de Monte Verde. Una de ellas es representar a las comunidades ante entidades públicas y privadas, en la gestión de los bienes comunes naturales.

Por ejemplo, firma los acuerdos o convenios aprobados por la Asamblea General, y controla a las empresas autorizadas a desarrollar actividades en el Territorio Indígena, relacionadas con  el desarrollo, bienes naturales comunes, o el patrimonio colectivo.

También debe garantizar que se cumplan los mecanismos de consulta previa, libre, e informada, cuando medidas nacionales influyen en pueblos indígenas. Según las leyes bolivianas, se aplica siempre que los afecte, cualquiera sea la medida: legislativa, ejecutiva, o administrativa.

Igualmente, junto al Consejo de Fiscalización, vigila límites y áreas del Territorio Indígena de Monte Verde, para protegerlo adecuadamente. Con el mismo consejo, implementa las políticas de bienes naturales comunes de todo tipo: de protección, uso, aprovechamiento, o control.

De la misma manera, el Directorio sigue la ejecución de los proyectos de aprovechamiento de bienes naturales comunes, y aprueba nuevos asentamientos humanos. Estos sólo pueden ser de las comunidades propietarias del Territorio Indígena de Monte Verde.

El Directorio debe administrar el Territorio, fortaleciendo la cultura chiquitana, aplicando las normas propias tradicionales. Debe cumplir las determinaciones de la Asamblea General, hacer cumplir el reglamento de bienes naturales comunes, y la Constitución Política del Estado.

EL CONSEJO DE JUSTICIA COMUNITARIA

El Consejo de Justicia Comunitaria atiende y resuelve acciones o denuncias graves relacionadas con los bienes comunes naturales, o que puedan poner en riesgo al Territorio Indígena de Monte Verde. Para los casos gravísimos, convoca a una Asamblea General Extraordinaria.

Para casos no graves, coordina la administración de justicia con las autoridades comunales, el Directorio del Territorio de Monte Verde, el Consejo de Fiscalización, las Centrales y los Cabildos. Siempre en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

También lleva un registro de antecedentes de quienes hayan atentado contra la integralidad del territorio, o incurrido en acciones ilegales, en el acceso, uso, manejo, o aprovechamiento de los bienes comunes naturales.

Tiene la finalidad de garantizar la convivencia armónica, administrando justicia a través de autoridades tradicionales, con principios, normas, valores, y procedimientos propios, enmarcados en la Constitución Política del Estado y la legislación vigente en Bolivia.

Sus decisiones deben ser respetadas por toda autoridad pública o persona, tanto individual como colectiva. El Consejo de Justicia Comunitaria está conformado por tres personas, con alternancia y equidad de género, por un período de cuatro años.

Sus miembros se eligen entre dirigentes con prolongada trayectoria, ejercida con responsabilidad y honestidad. Además, con solidaridad y compromiso, tanto hacia sus semejantes como hacia las reivindicaciones y la lucha histórica del movimiento indígena, a las que “no se debe traicionar”.

Tienen que haber nacido y residir en una comunidad del Territorio Indígena de Monte Verde, y no tener antecedentes con la justicia, sea indígena u ordinaria. Tienen que hablarbésiro, el idioma nativo, así como leer y escribir el español, y tener más de 40 años de edad. No deben tener dinero sin rendir a su comunidad u organización indígena.

EL CONSEJO DE FISCALIZACION

El Consejo de Fiscalización es un brazo operativo del Directorio de Monte Verde. Controla el uso de los bienes comunes naturales, así como las actividades comunitarias productivas y económicas. También controla la ejecución de fondos para el desarrollo del territorio indígena y sus comunidades.

Inspecciona en campo para verificar que los planes, proyectos, y actividades se desarrollan en las áreas destinadas, en el tiempo señalado, y bajo los principios o normas acordadas. También inspecciona el cumplimiento de la reforestación, y para investigar denuncias de infracciones o ilegalidades.

Informa a las autoridades de las tres centrales indígenas de Monte Verde y al Consejo de Justicia Comunitaria acerca de bienes comunes naturales saqueados ilegalmente del territorio y los retiene, junto a los instrumentos, herramientas, y maquinarias utilizadas.

Igualmente, informa acerca de los impactos socio-ambientales de las actividades que se desarrollan en el territorio. Una vez al año rinde informe oral y escrito ante la Asamblea General, o cuando esta lo solicite. Sus informes anuales y de finalización de mandato detallan los recursos económicos ejecutados en su gestión, y un inventario de los bienes bajo su responsabilidad.

El Consejo también vela por la distribución equitativa y buen manejo de las contribuciones por aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales. De igual modo, vela que se cumplan los procedimientos del Reglamento de dichos bienes, y las resoluciones de la Asamblea General.

Está compuesto por tres Caciques, elegidos por cada una de las Centrales, por un periodo de 4 años, con alternancia, paridad, y equidad de género. Las personas elegidas deben cumplir los mismos requisitos que las del Consejo Justicia, salvo que pueden ser elegidos desde los 21 años.

UNA MIRADA EXTERNA

 

“Lo destacable es que es un proceso social en construcción hacia la autonomía, hacia la capacidad de auto-sostenerse y de auto-gestionarse”, afirmó la socióloga miembro de la Oficina Regional Santa Cruz de CEJIS Carola Aranibar.

Ella inició su experiencia profesional fortaleciendo la participación de mujeres chiquitanas en los espacios públicos y políticos. Luego acompañó el proceso de reflexión colectiva para el reglamento de bienes naturales comunes de Monte Verde, desde hace varios años.

“Fue una verdadera reflexión colectiva”, enfatizó. “Participaron todas las comunidades, todos los dirigentes, revisando y actualizando el reglamento.”  Su primera versión ya tenía tres años. Se consideró necesario revisarlo, con lo que se llegó a la versión actual.

“El Consejo de Fiscalización, por ejemplo, tiene sus propias instalaciones y cómo movilizarse. Ya no depende tanto de organizaciones de cooperación. Tiene cierto nivel de independencia, empiezan a auto-gestionarse”.

“Otra cosa muy interesante es la articulación de los dirigentes comunales con su Central Indígena, que conforman el Directorio de Monte Verde. Se reúnen frecuentemente, hasta cada 15 días. Están informados, coordinan, ven que no haya sobreposición”, dijo.

“Ahora todos los niveles, desde cada comunidad hasta la totalidad del Territorio Indígena, están coordinados. El Consejo de Fiscalización está supedito al Directorio, es su brazo técnico y operativo. El Consejo de Justicia responde a la Asamblea, igual que el Directorio”.

Publicación de ECOcom, con el apoyo de CEJIS

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