Bolivia 2008, el conflicto de septiembre.

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En el análisis de muchos politólogos y de quienes reflexionan la realidad latinoamericana, está presente que la asonada del mes de septiembre de 2008 en Bolivia, ejecutada por la oposición política al Gobierno de Evo Morales, fue más el serio intento de quebrar, en la parte del eje supuestamente vulnerable, el proceso político latinoamericano de integración socio-económica y política más importante de este siglo.

El golpe comenzó a gestarse poco tiempo después de la asunción a la primera magistratura del país de Evo Morales, aunque su concepción embrional data de tiempo antes, cuando en el año 2003 una rebelión popular arrojó de la presidencia al entonces primer mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Quienes protagonizaron la asonada en el 2008, desde el momento en que se convencieron de que la ola de cambio tenía alcance no solo nacional, sino continental, comenzaron a sentar las bases para la defensa de los pedazos de poder que se les escurrían de las manos.

La estrategia consistió en preparar una nueva institucionalidad política, ante la crisis de legitimidad que todo el espectro de partidos políticos de los últimos 25 años, mediante la reposición de los “comités cívicos” de la región del oriente y su vinculación a las nuevas agrupaciones ciudadanas nacionales que habían absorbido los partidos tradicionales para las elecciones de 2005 y que les servían de voceros y de operadores políticos en el Congreso. Por otro lado, recogieron la vieja demanda regional de la “autonomía departamental”, consigna que gozaba de amplia aceptación en las regiones olvidadas por el Estado central y a la sombra de la cual se perfiló el proyecto político de la secesión. Jurídicamente la secesión buscaba la implementación forzada de unos estatutos autonómicos que les dotara de poderes que formalizaran una dualidad institucional desde donde consolidarían el golpe de escala regional. Al tal efecto llevaron adelante cinco referéndums, ilegalmente administrados por las cortes electorales departamentales, en los los meses de mayo y junio del año 2008, los mismos generaron escenarios de violencia y rechazo en los lugares donde se desarrollaron las consultas.

Una de las principales herramientas para la ejecución de la estrategia golpista se vio ejecutada por los medios de comunicación privados, quienes jugaron el mismo triste papel que sus similares están cumpliendo en Honduras, Perú, Colombia o Argentina con respecto a los cambios políticos que allí se están generando. Finalmente, resultaron el vehículo consciente del irrespeto a la libertad de expresión. Sus deliberadas acciones de potenciamiento de los conflictos y justificación de la violencia racista, puso en indefensión a aquellos ciudadanos del Oriente quienes, debido a su adscripción contraria al oficialismo político de tierras bajas, resultaron perseguidos e intensamente censurados en sus opiniones y posicionamientos.

Quienes fraguaron el golpe se valieron de la tradicional debilidad del Estado nacional en estas regiones. En el proceso histórico de incorporación de las regiones del Oriente al país, la institucionalidad estatal estuvo siempre controlada por los sectores familiares de poder, asentados en la región desde la colonia y durante los diferentes auges económicos, como el del caucho y el petróleo y que se mantienen incólumes hasta la fecha. Por otra parte, esta fragilidad se vio profundizada por el rol marginal que jugaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante la crisis, pues, aunque mantuvieron su lealtad al Presidente, su cadena de mandos se vio varias veces cuestionada, como en la Masacre de Pando, cuya inacción facilitó el tiroteo que acabó con la vida de más de 11 los campesinos amazónicos ejecutada por funcionarios de la Prefectura de Pando, “cívicos” y otros sicarios contratados.
Desde la crisis de 2003, el movimiento de oposición de tierras bajas trabaja sobre la base de la confrontación regional, y se caracteriza por utilizar la “identidad oriental” en general y “cruceña”, como consigna racista y regionalista que busca confrontar e incetiva a perseguir.

Esta actitud se fomentó intensamente desde los medios de comunicación, los cuales justificaron la violencia racista contra los pueblos indígenas y los campesinos durante estos últimos años. Uno de los grupos societales más utilizados para la confrontación racial, fue el de los jóvenes, provenientes en su mayoría de los barrios populares de Santa Cruz, quienes fueron instruidos y pagados para ejecutar acciones violentas.

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